Resumen: Declarar la competencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Resumen: La controversia radica en determinar si debe declararse nulo el despido colectivo realizado por la Asociación Dianova España porque, aunque el periodo de consultas finalizó sin acuerdo, la decisión final de la empresa no se comunicó debidamente a la representación de los trabajadores. La Sala IV, reitera doctrina y declara la nulidad del despido porque la citada comunicación es un presupuesto constitutivo y un requisito esencial para la efectividad del despido colectivo y de los subsiguientes despidos individuales: si no hay comunicación no hay despido. Se añade que el hecho de que el periodo de consultas se haya llevado a cabo con la comisión prevista en el art. 41.4 del ET no exime al empresario de comunicarle la decisión final. La citada comunicación de la decisión del empresario cumple dos finalidades: a) solo tras la comunicación de aquella decisión final el empresario puede notificar los despidos individualmente a los trabajadores afectados, b) y solo tras aquella comunicación empieza el cómputo del plazo para impugnar el despido por parte de los sujetos colectivos legitimados. Ambas finalidades se cumplen por igual cuando se ha negociado con la representación legal de los trabajadores y cuando se ha negociado con la comisión del art. 41.4 del ET, que está legitimada activamente para impugnar judicialmente el despido colectivo, por lo que el empleador no estaba exento de cumplir ese requisito.
Resumen: Dictada sentencia en procedimiento de modificación de medidas instado por el marido, se interpone recurso de apelación por la parte demandada, solicitando la revocación del pronunciamiento relativo a la extinción de la pensión compensatoria alegando al efecto, en lo sustancial, el carácter vinculante de los pactos contenidos en el Convenio en relación con esta medida, dado el carácter dispositivo que rige en la materia. La pensión compensatoria que se fijo tenía por finalidad, no solo compensar el desequilibrio económico que el divorcio causaba a la esposa, sino también el de compensar a esta de los perjuicios irrogados por el cese de su actividad profesional a consecuencia del traslado de la familia a Estados Unidos en el año 2017 por los compromisos profesionales del esposo, que obligó a la esposa al cierre del negocio en el que llevaba trabajando 17 años. Señala la Sala que la pensión compensatoria es un derecho disponible y las partes pueden pactar lo que estimen más conveniente en la regulación de sus intereses. Se pactó una pensión por importe de 400 euros y con una duración de cinco años. Aun cuando la esposa ha aperturado un centro de masajes y terapias no parece estar en situación de considerar recuperada la actividad al 100%, por lo que procede revocar el pronunciamiento relativo a la extinción que ha de seguir vigente conforme al pacto establecido en el Convenio regulador homologado judicialmente.
Resumen: La Audiencia Nacional desestima la demanda de USO frente a CRTVE en la que solicita se condene a dicha entidad a facilitar el teletrabajo o trabajo a distancia, como mínimo, durante tres días a la semana a los trabajadores que puedan prestar sus servicios bajo esa modalidad por aplicación de la Orden PCM/466/2022. La Sala tras analizar la normativa legal en materia de trabajo a distancia considera que si el Convenio prevé una horquilla de 1 a 4 días de trabajo a distancia, si se considera que dicha cláusula ha devenido ilegal la pretensión debió articularse a través de impugnación del convenio.
Resumen: Ante la caducidad de los contratos de concesión de servicio público de transporte interurbano regular de uso general de viajeros por carretera de la Comunidad Valenciana ,se justificó por razón de interés público el inicio progresivo de elaboración de proyectos de servicio público de transporte de viajeros por carretera, que sirvieran de base para los posteriores procedimientos de licitación de los nuevos contratos.e invoca que en la tramitación del Proyecto no se ha producido la necesaria publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de conformidad con el Reglamento 1370/2007. La sentencia lo desestima al apreciar que el Reglamento no toma como referencia la fecha de la aprobación de un proyecto de servicio público de transporte , sino la fecha de inicio del procedimiento de licitación, que no se había producido en la fecha de la resolución impugnada. Estamos en una fase precontractual, previa a la licitación que eventualmente habría de producirse salvo que se llegara a encomendar a un operador interno. .En cualquier caso y en este orden de cosas, no se puede acoger que la omisión de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, acarree la nulidad del proyecto de servicio público- único objeto del presente recurso-, ya que ello podría transcender al procedimiento de contratación del servicio
Resumen: Declarar la competencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
